Mandato de e-facturación B2G en Grecia: Hoja de Ruta del Cumplimiento y Transición Fluida
El 12 de abril de 2023, el gobierno griego presentó oficialmente a través de sus medios oficiales la Ley 4972/2022, que establece la implementación gradual de facturación electrónica con las administraciones públicas (B2G). Este marco legal, que modifica la Ley 4601/2019, está previsto que se ponga en vigencia a los cinco meses de su publicación y entró en vigor el 12 de septiembre de 2023.
Según la ley, las entidades públicas están obligadas a recibir y procesar las facturas en formato electrónico, mientras que los proveedores están obligados a remitir facturas electrónicas a las administraciones públicas que cumplan las normas europeas. El modelo designado para este proceso es Peppol, lo que requiere la utilización de puntos de acceso acreditados de Peppol para efectuar la transmisión de documentos.
Las transacciones Entre Empresas y Administraciones Públicas (B2G) en Grecia deben realizarse exclusivamente a través de un proveedor certificado de servicios de e-facturación, lo cual conlleva requisitos adicionales de autorización. El proveedor de servicios de e-facturación elegido deberá integrar su sistema con el portal gubernamental y comunicarse directamente con la autoridad fiscal.
El calendario previsto es como siguiente:
- A partir del 12 de septiembre de 2023, los contratos con los organismos públicos mayores, como el Ministerio de Transporte, estarán obligados a cumplir con la facturación electrónica.
- A partir del 1 de enero de 2024, el mandato se ampliará para cubrir todos los contratos con organismos de la administración central.
- A partir del 1 de junio de 2024, los contratos con otras administraciones públicas también deberán adherirse a la facturación electrónica.
- A partir del 1 de enero de 2025, el mandato se ampliará para cubrir todos los demás gastos gubernamentales, completando la transición a un sistema de facturación totalmente sin papel.
Las facturas electrónicas de las entidades de la administración pública deberán alinearse con la norma europea de e-facturación y adherirse a las especificaciones, y más concretamente a la Especificación Básica de Utilización de Facturas (CIUS). Además, se deberán seguir los estándares locales de XML para asegurar un cumplimiento integral de la normativa, teniendo en cuenta los requisitos específicos de la jurisdicción local.
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